2 de agosto de 2021

Crónica: vivir la pandemia sin agua y con la especulación de su precio en Lima

Más de 700 mil personas en Lima, capital del Perú, debieron afrontar la covid-19 sin acceso a la red pública de agua potable, herramienta básica para evitar su propagación. Ante ello, debieron padecer la especulación en los precios por parte de quienes les venden el agua en camiones cisterna. ¿Qué hicieron las autoridades peruanas ante ello?

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Cuatro días pasaron, desde el domingo 15 de marzo de 2020 hasta el jueves 19 de ese mes, para que los camiones cisterna que transportan el agua para consumo humano retornen a Nueva Rinconada, en los cerros del distrito limeño de San Juan de Miraflores, una zona donde no existe conexión a la red pública de agua potable que les proporcione una arma  esencial para evitar el contagio del covid-19.

Ese domingo 15 fue un día visceral para el país porque el entonces presidente Martín Vizcarra anunciaba el estado de emergencia y aislamiento obligatorio para evitar la propagación del covid-19 –que luego se prolongaría por varios meses–, lo que sorprendía a Juan Carlos Zambrano en Huambocancha Alta, a Ramiro en Comas, y a las familias de Nueva Rinconada, pero, a ellas, sin tener acceso a dicha red.

“El gobierno garantiza la continuidad de los servicios de agua y saneamiento durante la emergencia nacional por el coronavirus”, pronunciaba Vizcarra, en el referido mensaje del 15 de marzo, no obstante, ello no era garantía para quienes nunca tuvieron el servicio en sus viviendas y padecen, además, la especulación de su precio por parte de quienes la venden en camiones cisterna.

“Hoy que viene la prensa recién se aparecen los aguateros”, protestaba, entonces, Noé Perales Zevallos, un vecino de Nueva Rinconada, el jueves 19 de marzo, a los medios de comunicación que, junto al entonces ministro de Vivienda, Rodolfo Yáñez, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, y el presidente de Sedapal, Francisco Dumler, llegaron hasta ahí con las cisternas, tras cuatro días de ausencia.

“Todos tienen derecho al agua y, en este momento, se distribuye tanto a quienes están conectados a la red de distribución, como quienes se abastecen con camiones cisternas. Como Ministerio de Vivienda monitoreamos el día a día de la distribución de agua a nivel nacional”, afirmaba, por su parte, ese mismo día, el ministro Yáñez en una entrevista televisiva.

Según el INEI, en el informe “Acceso a los servicios básicos en el Perú, 2013 – 2018”, el 95.3 % de los hogares urbanos tiene abastecimiento de agua por una red pública. Es decir, el resto debe dotarse de alguna otra forma, como los camiones cisterna. “Lima tiene una cobertura de agua potable de 93 %. Hay un 7 %, o sea 800 mil personas sin conexión que se abastecen con camiones cisternas, casi todas privadas, en cuya red, en los últimos días, se observó especulación de precios. Sedapal les vende el agua a 0.7 el metro cúbico y llega a la gente a 5, 6 o 7 soles dependiendo de la altura y la zona”, declaraba a una radio el presidente de Sedapal, el 18 de marzo, un día antes de visitar Nueva Rinconada.

“El tacho de agua cuesta cinco soles: nos han subido al porrazo”, protestaba una vecina de Nueva Rinconada, ese jueves 19 de marzo, a la prensa. “Poco a poco nos ha subido: antes estaba 2 soles, luego 2.50, después 3.50 y ahora, con esta situación, nos ha subido a 5 soles, de porrazo. Y el tanque está 40 soles, pero no podemos comprarlo. Muchas familias tenemos un tacho o dos, que dura un día. Cinco soles diarios. Cuánto estamos pagando”, reportaba.

El tanque, de 1100 litros de agua de capacidad, les cuesta entre 30 y 40 soles, dependiendo del precio que imponga el dueño de la cisterna. El tacho, para 70 litros, les vale hasta 5 soles y les dura un día, es decir deben pagar 150 soles al mes (38 dólares aproximadamente), el 15 % del sueldo mínimo en el país. Es así que, una familia pobre, que no está conectada a la red, paga cinco a seis veces más que una familia con conexión pública. 

-        - “Queremos tener agua, aunque sea con esos precios. Nos dicen que la limpieza y aseo es con agua, pero no nos podemos lavar”, respondía a las cámaras otra vecina.

La primera vez que el Gobierno peruano dio una conferencia por el covid-19 fue para anunciar el primer caso detectado en el país, el 6 de marzo de 2020. Desde entonces, y mucho antes, la recomendación fue lavarse las manos constantemente, por 20 segundos, para prevenir el contagio. Incluso, el 5 de mayo se estableció como el Día Nacional de la Higiene de Manos.

“La distribución gratuita de agua potable durante el estado de emergencia nacional, en las zonas más alejadas de las ciudades, beneficia a aproximadamente un millón y medio de personas”, difundió en una nota el Ministerio de Vivienda, el 17 de mayo de 2020, y añadía que, a través de Sedapal, se distribuye agua gratuita en Lima y Callao mediante una flota de 351 camiones cisterna, en tanto que, en las demás regiones, 450 unidades reparten el recurso.

-        - “La distribución de agua gratuita es un servicio indispensable en la lucha contra el COVID-19. Con esta acción se han beneficiado a 700 000 ciudadanos en Lima y Callao, y a 800 000 a nivel nacional", dijo el ministro Yáñez, el 8 de mayo, ante la Comisión de Vivienda del Congreso.

Cierto es que, según los anuncios oficiales, se implementaron dos iniciativas: el Programa Nuestras Ciudades y el Plan Cisterna. El primero destinado a repartir agua potable gratuita en las zonas sin acceso a la red pública. “El Gobierno tiene el inventario de dónde no se tiene agua. Ahí tenemos que trabajar con los gobiernos regionales y los municipios para que los proyectos de saneamiento, que tienen un proceso, se terminen y todo el Perú, tanto la zona urbana como rural, tenga cobertura de agua segura, de agua potable. Mientras eso ocurra, en esos lugares, durante la emergencia, hay que llevarles agua potable en cisternas”, indicaba el presidente Vizcarra, en su conferencia del 19 de marzo de 2020. 

Por su parte, el Plan Cisterna fue una medida de contingencia para llevar agua a las zonas críticas del ámbito de las EPS. Es así que, según el director ejecutivo del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (Otass), una entidad creada por el gobierno peruano para apoyar a las empresas de agua en situación crítica, Óscar Pastor, las empresas prestadoras bajo su administración habían brindado, hasta el 23 de mayo de 2020, 21 mil metros cúbicos (m3) de agua potable con camiones cisterna, en beneficio de más de 66 mil familias.

Un grupo de expertos de las Naciones Unidas advirtió, el 23 de marzo de 2020, que la pandemia no podría pararse si no se proporcionaba agua a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. “Las personas que viven en asentamientos informales, las personas sin hogar, las poblaciones rurales, las mujeres, los niños y niñas, las personas mayores, las personas con discapacidad, las personas migrantes, las personas refugiadas y todos los demás grupos vulnerables a los efectos de la pandemia deben tener un acceso continuo a agua suficiente y asequible, subrayó el grupo.

La población peruana sin acceso al agua potable es de 3.4 millones de habitantes mientras que 8.3 millones carecen de alcantarillado, reporta el Plan Nacional de Saneamiento 2017 - 2021 y estima que se necesitan S/ 49.5 mil millones para el cierre de las brechas en saneamiento. Por eso, cuando el ministro de Vivienda, el alcalde de Lima y el presidente de Sedapal llegaron a Nueva Rinconada se encontraron con muchas preguntas y reclamos, según los registros de los medios, de una población con necesidades postergadas por muchos años. “10 cisternas abastecerán a diario”, dijo el alcalde; “hay dos proyectos en Rinconada, el de la etapa uno está en fase de licitación final y el otro, para la etapa dos, donde estamos, está en fase de elaboración; esa fase tiene 80 mil líos”, ensayó el presidente de Sedapal, ante la gente a su alrededor.

-        - “El Perú no puede estar entre los primeros países de la región en manejo macroeconómico y entre los últimos en manejo de instituciones y calidad de los servicios públicos, una condición que se ha ratificado en este momento. Estos problemas estructurales nos han vuelto más vulnerables para enfrentar esta crisis”, declaró la entonces ministra de Economía, María Antonieta Alva, el 17 de mayo.

“El Estado reconoce el derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable”, dice la Constitución, en su Artículo 7°-A. “Toda persona, natural o jurídica, domiciliada dentro del ámbito de responsabilidad de un prestador de los servicios de saneamiento tiene derecho a que este le suministre los servicios que brinda”, dice el Decreto Legislativo 1280, en su Artículo 19.

“Es importante indicar que el Gobierno del Perú ha asumido el compromiso de cerrar las brechas de cobertura urbana al año 2021 y rural al año 2030 y, de esa manera, cumplir con la Meta 6 de los ODS, en lo que se refiere a la cobertura de saneamiento”, se lee en el Plan Nacional de Saneamiento 2017 - 2021 y aun retumba en las columnas del hemiciclo del Congreso cuando, el 28 de julio de 2016, Pedro Pablo Kuczynski asumía el cargo de presidente del Perú, con Martín Vizcarra en uno de los palcos, y prometía que para el 2021 "todos los peruanos deberán tener acceso al agua potable las 24 horas". El 2021, este año.

 

*Nota: esta crónica fue escrita a fines del 2020 y fue reconocida en el concurso de testimonios “La vida cotidiana de los peruanos durante la Gran Pandemia” que organizó el Instituto de Estudios Peruanos (IEP). En julio de 2021, Pedro Castillo asumió la presidencia del Perú y anunció que se encargaría de cerrar la brecha de agua al 100 %. Aunque muchas de las autoridades mencionadas dejaron sus cargos, las cifras presentadas persisten.

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14 de marzo de 2021

Crónica: cómo influyó la pandemia en el servicio de agua en el Perú

El 16 de marzo de 2021 se cumple un año del inicio del estado de emergencia en el Perú, para evitar la propagación de la COVID-19, que implicó severas restricciones para la población, como la inmovilización obligatoria y, con ello, el cierre de muchos negocios. Por ello, el gobierno peruano anuló el pago de los recibos por el servicio de agua, cuya deuda se fraccionaría después, pero, ¿cómo afectó esta medida a las empresas prestadoras de los servicios de saneamiento?

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Ramiro recuerda la llamada insistente que recibió una tarde de los últimos días de abril de 2020. La primera vez no respondió, no tenía cerca su celular. La segunda vez vio que era la dueña que le alquilaba el local donde funciona su restaurante, en Lima, capital del Perú. Aceptó la llamada, intercambiaron unos saludos: no le renovaría el alquiler del local.

Desazón y recuerdos lo invadieron tras asimilar que era el final del negocio que había tenido por más de 10 años. Entonces rememoró aquella tarde del domingo 15 de marzo del 2020, cuando cerró la reja de su negocio –sin saber que sería la última vez–, regresó a su casa, saludó a su familia y se puso a escuchar, para su sorpresa, el discurso que pronunciaba Martín Vizcarra, entonces presidente del Perú.

-        - ¿De qué se trata? –le preguntó a su hija.

Hasta entonces había recibido pocas noticias del nuevo coronavirus. “China está lejísimos”, se aliviaba. “Luego de hacer una evaluación seria y responsable, hemos aprobado, en Consejo de Ministros, de manera unánime, un decreto supremo que declara el estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan a la Nación”, le escuchó decir al presidente Vizcarra. Por entonces, Ramiro no avizoraba la magnitud de lo que vendría semanas después. Por eso, pensó en aprovechar esos quince días de inmovilización obligatoria que decretó el Gobierno, a fin de disminuir los contagios, para descansar, luego de tantos años de trabajo. Días después, con la segunda extensión de la cuarentena por otra quincena, acordó con la dueña del local que el pago del mes lo cubriría la garantía que aportó cuando iniciaron el contrato del alquiler.

Pero, con el paso de los días, notó que el problema y las restricciones tomarían más tiempo: aumentaban los contagios, escuchaba noticias de contagiados y muertes sospechosas por covid-19 en el mercado y lugares cercanos de su restaurante –en uno de los cerros del distrito limeño de Comas– y el colapso de los hospitales en varias partes del país.

A la vez, ningún acuerdo parecía convencer a la dueña del local, quien, recuerda Ramiro, le ofreció dividir el pago del alquiler del segundo mes de emergencia (600 soles, cerca de 170 dólares) en los próximos dos meses, es decir, ahora debía cancelarle 900 soles. Aun si volvía a trabajar, la incertidumbre gobernaba a Ramiro pues sabía que su negocio no volvería a ser como antes, sobre todo en sus ingresos. Sin una solución concreta, mantenía la esperanza de que el Gobierno anuncie alguna disposición para normar los alquileres, como esperaban los padres con los colegios particulares. Empero, rota toda posibilidad de acuerdo y vigente el cobro íntegro del alquiler por cada día que pasaba, llegó el final de su negocio.

A la par, consideró que sus más de 60 años era un riesgo para volver a atender a sus clientes, y, sobre todo, un impedimento mayor: es informal. Ramiro infirió que ser informal lo exponía a la fiscalización de la municipalidad, una multa, el cierre y, posiblemente, una coima. Entonces, tras analizar que no volvería a trabajar y desechar recibir cualquiera de los bonos del Gobierno, así como retirar algún monto por AFP –es informal y siempre lo fue–, concluyó que no volvería a tener ingresos y analizó sus gastos futuros, entre ellos, por los servicios básicos, como el agua potable.

El martes 17 de marzo, el segundo día de la emergencia, Martín Vizcarra daba un anuncio sustancial, aunque somero durante su conferencia: “Se coordina con las empresas de los servicios públicos para postergar el pago correspondiente a marzo del 2020”. Horas después, el entonces ministro de Vivienda, Rodolfo Yáñez, profundizaba a la prensa: “A nivel nacional, los recibos de agua de marzo se postergarán y prorratearán en los próximos doce meses, según se establecerá en un decreto supremo. El Ministerio de Vivienda se encuentra elaborando un dispositivo legal que viabilice esta medida. Se estudia la situación de las EPS [empresas de agua] a nivel nacional”.

- ¿Pagamos el recibo de agua?, le preguntó Ramiro, a su esposa, una tarde, al culminar el almuerzo.

“Las empresas prestadoras deben garantizar el normal funcionamiento de suministro de agua potable, así como la recolección y el tratamiento de las aguas residuales en los horarios habituales. Se solicita al gobierno nacional una transferencia excepcional para la adquisición de equipos e implementos a fin de asistir a la población sin conexión a la red”, solicitó la Asociación Nacional de Empresas Prestadoras de los Servicios de Saneamiento del Perú (Anepssa), el ente que agrupa a las empresas de agua del país, el lunes 16 de marzo, el primer día de la emergencia, en sus redes oficiales. Y luego alertaría, en sendos comunicados, como el 22 de marzo: “en el Día Mundial del Agua, las empresas ruegan no romper la cadena de pago de sus recibos [porque] se rompe también la cadena de suministros de insumos químicos para potabilizar el agua, de servicios como el de energía eléctrica y otras obligaciones básicas programadas mensualmente”; el 26 de marzo: “Anepssa solicita a la PCM incluir en paquete de asistencia económica a las 50 empresas prestadoras de agua y saneamiento del país. Se solicita una transferencia de 253 millones de soles [cada mes] como asistencia para garantizar el abastecimiento de agua y alcantarillado a 20 millones de personas a nivel nacional”; el 27 de marzo: “empresas de agua y saneamiento solicitan pago de los recibos ante riesgo de corte de cadena de pagos. El pago de los recibos de agua permitirá el suministro de insumos químicos, energía eléctrica, materiales diversos y pago de los operadores”; el 30 de marzo: “el prorrateo de los recibos de agua de marzo y abril, hasta por 24 meses, corresponde para el ámbito de concesión de Sedapal [empresa de agua de Lima], no se cuenta con disposición alguna para las EPS del interior del país. Solicitamos responsablemente posibilitar la prestación de nuestros servicios, dirigida a preservar la cadena de pagos, por el bien común, asumiendo la cancelación de los recibos que se vienen acumulando”; el 3 de abril difundieron una carta dirigida al presidente Vizcarra, en la que las “empresas prestadoras de agua y saneamiento solicitan inclusión en medidas económicas por el COVID-19”; y el 7 de abril, un comunicado suyo sentencia: “las empresas prestadoras vienen sufriendo inexorablemente el estrés de falta de recursos financieros, liquidez como capital de trabajo para honrar las obligaciones de pago de personal, suministro de insumos químicos, bienes y servicios esenciales para garantizar el abastecimiento de agua y saneamiento a nuestros consumidores y usuarios y, gratuitamente, a las áreas sin acceso a la red pública”. Las empresas de agua del Perú pedían auxilio financiero para continuar con la dotación de la principal herramienta para evitar la propagación del virus, mediante el lavado de manos.

“En los últimos años, las empresas prestadoras públicas han tenido, en promedio, retornos negativos al patrimonio (con excepción de Sedapal), lo que muestra que se están descapitalizando sistemáticamente. En otras palabras, están destruyendo valor”, sentencia el Plan Nacional de Saneamiento 2017 – 2021 del Perú, elaborado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).

El documento añade que los resultados evidencian que las demás empresas prestadoras (con excepción de Sedapal) no han sido capaces de cubrir los costos de operación con sus ingresos. “Las causas del débil desempeño de las empresas prestadoras son diversas, el tamaño de mercado es una limitante, razones por las que operan por debajo de la escala mínima eficiente. El alto grado de atomización en la prestación de servicios de saneamiento perjudica la gestión empresarial (…). Con el proceso de descentralización –con excepción de Sedapal– el Estado transfirió a título gratuito a las municipalidades, los activos de las filiales y unidades operativas de la antigua empresa Servicio Nacional de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado (SENAPA); los gobiernos locales quedaron desde entonces como titulares de la propiedad de las empresas prestadoras públicas. Los resultados antes expuestos muestran que la descentralización del sector saneamiento a los gobiernos locales tampoco ha traído los beneficios esperados en calidad y expansión de los servicios”, reflexiona el texto.

Por ello, en el 2013 se creó el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (Otass), adscrito al MVCS. “Dicho órgano también se encuentra facultado para intervenir a las empresas prestadoras públicas de accionariado municipal en condición de insolvencia financiera y operativa a fin de mejorar su desempeño”, explica el mencionado Plan. De hecho, a mayo de 2020, son 18 empresas prestadoras más Agua Tumbes (entidad que brinda el servicio en la región fronteriza, en situación especial luego un fracasado proceso de privatización), las que se encuentra en el Régimen de Apoyo Transitorio, que dirige el Otass y administra el servicio de agua para 4 millones de peruanos ubicados en 10 regiones (Tumbes, Lambayeque, Cajamarca, Amazonas, Lima, Ica, Moquegua, Pucallpa, San Martín y Loreto).

-  “Además de seguir entregando agua a los hogares peruanos, las EPS instalan puntos para el lavado de manos, colaboran con la limpieza de mercados y calles, atienden emergencias las 24 horas. Ahora nos preparamos para afrontar una situación difícil por real disminución de ingresos”, escribió Óscar Pastor, director ejecutivo del Otass, en su Twitter, el 29 de marzo de 2020.

“¿Por qué es importante pagar tu recibo de agua?”, publicó la empresa de agua de Cajamarca, Sedacaj, en sus redes sociales, en último mayo, para exhortar, como la mayoría de las empresas, al pago voluntario del recibo, a la par que habilitaban la modalidad virtual o ampliaban centros autorizados en bodegas.

“Hemos emitido un decreto de urgencia con varios temas (…). Se dispone el fraccionamiento de los recibos de agua para que las familias no tengan que pagar sus recibos y el consumo pueda ser prorrateado, fraccionado en los próximos 24 meses”, indicó el presidente Vizcarra, en su conferencia del 10 de abril de 2020, al anunciar el Decreto de Urgencia n ° 036-2020, y que el ministro Yáñez explicaba así, a los medios de comunicación: “Los beneficiarios de esta medida serán los usuarios de las categorías social y doméstica cuyo consumo no supere los 50 metros cúbicos mensuales. Estimamos que esta medida favorecerá a aproximadamente 16 millones de peruanos y peruanas”.

Con ello se oficializó la postergación del pago de los recibos de agua, durante el estado de emergencia, y su fraccionamiento, hasta por 24 meses, pero, sobre todo, la autorización para que las empresas prestadoras puedan financiar sus costos con los recursos de sus fondos de inversiones y sus reservas por mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático.

Hasta antes de ese drástico cambio, Ramiro se levantaba muy temprano, todos los días, para iniciar sus actividades. Entre lo primero que hacía era abrir la llave de la red de agua potable para llenar su tanque, cuya capacidad bordea los mil litros. Luego de 20 minutos, cerraba la llave y se alistaba para poner en marcha su negocio.

Con el agua que recibe de Sedapal, Ramiro y las tres familias que se abastecen de la misma conexión pueden realizar todas sus actividades. En un mes, en promedio, las tres familias consumen 30 metros cúbicos de agua, por lo que pagan cerca de 100 soles al mes. Con la cuarentena, Ramiro –como lo hemos llamado, pues prefirió mantener su nombre en reserva– notó que el consumo de agua aumentó, por lo que, ahora, debe abrir la llave de la red dos veces al día, para no tener inconvenientes en las noches.

Para decidir si pagaría el recibo, preguntó a las otras dos familias. En marzo de 2020, según el presidente de Sedapal, el 40 % de los usuarios pagó su recibo; en La Libertad, según el presidente de Sedalib, la empresa del departamento de La Libertad recaudó el 18 % del dinero que normalmente reciben por el servicio; en Arequipa, según el gerente general de Sedapar, los ingresos de la empresa cayeron 45 %, comparado con los pagos hechos a fines de marzo del año pasado; y la EPS Grau, en Piura, proyectaba una pérdida de S/ 5 millones en marzo por el no pago de los usuarios.

“Ello representa [la postergación del pago] para las EPS dejar de recibir, por ahora, S/ 110 millones, pero es un esfuerzo necesario”, proyectó el ministro de Vivienda, el 11 de mayo de 2020, ante la Comisión de Vivienda del Congreso.

“Igual tendremos que pagar después”, le respondió el hermano de Ramiro, cuando conversaban si postergarían el pago del agua. Entonces descansaban tras subir las cosas de Ramiro a un camión para la mudanza del local, con destino a un nuevo futuro, que, por ahora, es incierto. 

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Actualización: esta crónica se escribió en junio de 2020, con motivo de un concurso de crónicas que organizó el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y del que resultó reconocido este texto, entre otras dos historias del autor. Posterior a esa fecha, hasta marzo de 2021, se emitieron algunas disposiciones para la sostenibilidad del servicio de agua potable en el Perú.


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