El 16 de marzo de 2021 se cumple un año del inicio del estado de emergencia en el Perú, para evitar la propagación de la COVID-19, que implicó severas restricciones para la población, como la inmovilización obligatoria y, con ello, el cierre de muchos negocios. Por ello, el gobierno peruano anuló el pago de los recibos por el servicio de agua, cuya deuda se fraccionaría después, pero, ¿cómo afectó esta medida a las empresas prestadoras de los servicios de saneamiento?
***
Ramiro recuerda la llamada insistente que recibió una tarde de los últimos días de abril de 2020. La primera vez no respondió, no tenía cerca su celular. La segunda vez vio que era la dueña que le alquilaba el local donde funciona su restaurante, en Lima, capital del Perú. Aceptó la llamada, intercambiaron unos saludos: no le renovaría el alquiler del local.
Desazón y recuerdos lo invadieron tras asimilar que era el final del negocio que había tenido por más de 10 años. Entonces rememoró aquella tarde del domingo 15 de marzo del 2020, cuando cerró la reja de su negocio –sin saber que sería la última vez–, regresó a su casa, saludó a su familia y se puso a escuchar, para su sorpresa, el discurso que pronunciaba Martín Vizcarra, entonces presidente del Perú.
- - ¿De
qué se trata? –le preguntó a su hija.
Hasta entonces había recibido pocas noticias del nuevo coronavirus. “China está lejísimos”, se aliviaba. “Luego de hacer una evaluación seria y responsable, hemos aprobado, en Consejo de Ministros, de manera unánime, un decreto supremo que declara el estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan a la Nación”, le escuchó decir al presidente Vizcarra. Por entonces, Ramiro no avizoraba la magnitud de lo que vendría semanas después. Por eso, pensó en aprovechar esos quince días de inmovilización obligatoria que decretó el Gobierno, a fin de disminuir los contagios, para descansar, luego de tantos años de trabajo. Días después, con la segunda extensión de la cuarentena por otra quincena, acordó con la dueña del local que el pago del mes lo cubriría la garantía que aportó cuando iniciaron el contrato del alquiler.
Pero, con el paso de los días, notó que el problema y las restricciones tomarían más tiempo: aumentaban los contagios, escuchaba noticias de contagiados y muertes sospechosas por covid-19 en el mercado y lugares cercanos de su restaurante –en uno de los cerros del distrito limeño de Comas– y el colapso de los hospitales en varias partes del país.
A la vez, ningún acuerdo parecía convencer a la dueña del local, quien, recuerda Ramiro, le ofreció dividir el pago del alquiler del segundo mes de emergencia (600 soles, cerca de 170 dólares) en los próximos dos meses, es decir, ahora debía cancelarle 900 soles. Aun si volvía a trabajar, la incertidumbre gobernaba a Ramiro pues sabía que su negocio no volvería a ser como antes, sobre todo en sus ingresos. Sin una solución concreta, mantenía la esperanza de que el Gobierno anuncie alguna disposición para normar los alquileres, como esperaban los padres con los colegios particulares. Empero, rota toda posibilidad de acuerdo y vigente el cobro íntegro del alquiler por cada día que pasaba, llegó el final de su negocio.
A la par, consideró que sus más de 60 años era un riesgo para volver a atender a sus clientes, y, sobre todo, un impedimento mayor: es informal. Ramiro infirió que ser informal lo exponía a la fiscalización de la municipalidad, una multa, el cierre y, posiblemente, una coima. Entonces, tras analizar que no volvería a trabajar y desechar recibir cualquiera de los bonos del Gobierno, así como retirar algún monto por AFP –es informal y siempre lo fue–, concluyó que no volvería a tener ingresos y analizó sus gastos futuros, entre ellos, por los servicios básicos, como el agua potable.
El martes 17 de marzo, el segundo día de la emergencia, Martín Vizcarra daba un anuncio sustancial, aunque somero durante su conferencia: “Se coordina con las empresas de los servicios públicos para postergar el pago correspondiente a marzo del 2020”. Horas después, el entonces ministro de Vivienda, Rodolfo Yáñez, profundizaba a la prensa: “A nivel nacional, los recibos de agua de marzo se postergarán y prorratearán en los próximos doce meses, según se establecerá en un decreto supremo. El Ministerio de Vivienda se encuentra elaborando un dispositivo legal que viabilice esta medida. Se estudia la situación de las EPS [empresas de agua] a nivel nacional”.
- ¿Pagamos el recibo de agua?, le preguntó Ramiro, a su esposa, una tarde, al culminar el almuerzo.
“Las empresas prestadoras deben garantizar el normal funcionamiento de suministro de agua potable, así como la recolección y el tratamiento de las aguas residuales en los horarios habituales. Se solicita al gobierno nacional una transferencia excepcional para la adquisición de equipos e implementos a fin de asistir a la población sin conexión a la red”, solicitó la Asociación Nacional de Empresas Prestadoras de los Servicios de Saneamiento del Perú (Anepssa), el ente que agrupa a las empresas de agua del país, el lunes 16 de marzo, el primer día de la emergencia, en sus redes oficiales. Y luego alertaría, en sendos comunicados, como el 22 de marzo: “en el Día Mundial del Agua, las empresas ruegan no romper la cadena de pago de sus recibos [porque] se rompe también la cadena de suministros de insumos químicos para potabilizar el agua, de servicios como el de energía eléctrica y otras obligaciones básicas programadas mensualmente”; el 26 de marzo: “Anepssa solicita a la PCM incluir en paquete de asistencia económica a las 50 empresas prestadoras de agua y saneamiento del país. Se solicita una transferencia de 253 millones de soles [cada mes] como asistencia para garantizar el abastecimiento de agua y alcantarillado a 20 millones de personas a nivel nacional”; el 27 de marzo: “empresas de agua y saneamiento solicitan pago de los recibos ante riesgo de corte de cadena de pagos. El pago de los recibos de agua permitirá el suministro de insumos químicos, energía eléctrica, materiales diversos y pago de los operadores”; el 30 de marzo: “el prorrateo de los recibos de agua de marzo y abril, hasta por 24 meses, corresponde para el ámbito de concesión de Sedapal [empresa de agua de Lima], no se cuenta con disposición alguna para las EPS del interior del país. Solicitamos responsablemente posibilitar la prestación de nuestros servicios, dirigida a preservar la cadena de pagos, por el bien común, asumiendo la cancelación de los recibos que se vienen acumulando”; el 3 de abril difundieron una carta dirigida al presidente Vizcarra, en la que las “empresas prestadoras de agua y saneamiento solicitan inclusión en medidas económicas por el COVID-19”; y el 7 de abril, un comunicado suyo sentencia: “las empresas prestadoras vienen sufriendo inexorablemente el estrés de falta de recursos financieros, liquidez como capital de trabajo para honrar las obligaciones de pago de personal, suministro de insumos químicos, bienes y servicios esenciales para garantizar el abastecimiento de agua y saneamiento a nuestros consumidores y usuarios y, gratuitamente, a las áreas sin acceso a la red pública”. Las empresas de agua del Perú pedían auxilio financiero para continuar con la dotación de la principal herramienta para evitar la propagación del virus, mediante el lavado de manos.
“En los últimos años, las empresas prestadoras públicas han tenido, en promedio, retornos negativos al patrimonio (con excepción de Sedapal), lo que muestra que se están descapitalizando sistemáticamente. En otras palabras, están destruyendo valor”, sentencia el Plan Nacional de Saneamiento 2017 – 2021 del Perú, elaborado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).
El documento añade que los resultados evidencian que las demás empresas prestadoras (con excepción de Sedapal) no han sido capaces de cubrir los costos de operación con sus ingresos. “Las causas del débil desempeño de las empresas prestadoras son diversas, el tamaño de mercado es una limitante, razones por las que operan por debajo de la escala mínima eficiente. El alto grado de atomización en la prestación de servicios de saneamiento perjudica la gestión empresarial (…). Con el proceso de descentralización –con excepción de Sedapal– el Estado transfirió a título gratuito a las municipalidades, los activos de las filiales y unidades operativas de la antigua empresa Servicio Nacional de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado (SENAPA); los gobiernos locales quedaron desde entonces como titulares de la propiedad de las empresas prestadoras públicas. Los resultados antes expuestos muestran que la descentralización del sector saneamiento a los gobiernos locales tampoco ha traído los beneficios esperados en calidad y expansión de los servicios”, reflexiona el texto.
Por ello, en el 2013 se creó el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (Otass), adscrito al MVCS. “Dicho órgano también se encuentra facultado para intervenir a las empresas prestadoras públicas de accionariado municipal en condición de insolvencia financiera y operativa a fin de mejorar su desempeño”, explica el mencionado Plan. De hecho, a mayo de 2020, son 18 empresas prestadoras más Agua Tumbes (entidad que brinda el servicio en la región fronteriza, en situación especial luego un fracasado proceso de privatización), las que se encuentra en el Régimen de Apoyo Transitorio, que dirige el Otass y administra el servicio de agua para 4 millones de peruanos ubicados en 10 regiones (Tumbes, Lambayeque, Cajamarca, Amazonas, Lima, Ica, Moquegua, Pucallpa, San Martín y Loreto).
- “Además de seguir entregando agua a los hogares peruanos, las EPS instalan puntos para el lavado de manos, colaboran con la limpieza de mercados y calles, atienden emergencias las 24 horas. Ahora nos preparamos para afrontar una situación difícil por real disminución de ingresos”, escribió Óscar Pastor, director ejecutivo del Otass, en su Twitter, el 29 de marzo de 2020.
“¿Por qué es importante pagar tu recibo de agua?”, publicó la empresa de agua de Cajamarca, Sedacaj, en sus redes sociales, en último mayo, para exhortar, como la mayoría de las empresas, al pago voluntario del recibo, a la par que habilitaban la modalidad virtual o ampliaban centros autorizados en bodegas.
“Hemos emitido un decreto de urgencia con varios temas (…). Se dispone el fraccionamiento de los recibos de agua para que las familias no tengan que pagar sus recibos y el consumo pueda ser prorrateado, fraccionado en los próximos 24 meses”, indicó el presidente Vizcarra, en su conferencia del 10 de abril de 2020, al anunciar el Decreto de Urgencia n ° 036-2020, y que el ministro Yáñez explicaba así, a los medios de comunicación: “Los beneficiarios de esta medida serán los usuarios de las categorías social y doméstica cuyo consumo no supere los 50 metros cúbicos mensuales. Estimamos que esta medida favorecerá a aproximadamente 16 millones de peruanos y peruanas”.
Con ello se oficializó la postergación del pago de los recibos de agua, durante el estado de emergencia, y su fraccionamiento, hasta por 24 meses, pero, sobre todo, la autorización para que las empresas prestadoras puedan financiar sus costos con los recursos de sus fondos de inversiones y sus reservas por mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático.
Hasta antes de ese drástico cambio, Ramiro se levantaba muy temprano, todos los días, para iniciar sus actividades. Entre lo primero que hacía era abrir la llave de la red de agua potable para llenar su tanque, cuya capacidad bordea los mil litros. Luego de 20 minutos, cerraba la llave y se alistaba para poner en marcha su negocio.
Con el agua que recibe de Sedapal, Ramiro y las tres familias que se abastecen de la misma conexión pueden realizar todas sus actividades. En un mes, en promedio, las tres familias consumen 30 metros cúbicos de agua, por lo que pagan cerca de 100 soles al mes. Con la cuarentena, Ramiro –como lo hemos llamado, pues prefirió mantener su nombre en reserva– notó que el consumo de agua aumentó, por lo que, ahora, debe abrir la llave de la red dos veces al día, para no tener inconvenientes en las noches.
Para decidir si pagaría el recibo, preguntó a las otras dos familias. En marzo de 2020, según el presidente de Sedapal, el 40 % de los usuarios pagó su recibo; en La Libertad, según el presidente de Sedalib, la empresa del departamento de La Libertad recaudó el 18 % del dinero que normalmente reciben por el servicio; en Arequipa, según el gerente general de Sedapar, los ingresos de la empresa cayeron 45 %, comparado con los pagos hechos a fines de marzo del año pasado; y la EPS Grau, en Piura, proyectaba una pérdida de S/ 5 millones en marzo por el no pago de los usuarios.
“Ello representa [la postergación del pago] para las EPS dejar de recibir, por ahora, S/ 110 millones, pero es un esfuerzo necesario”, proyectó el ministro de Vivienda, el 11 de mayo de 2020, ante la Comisión de Vivienda del Congreso.
“Igual tendremos que pagar después”, le respondió el hermano de Ramiro, cuando conversaban si postergarían el pago del agua. Entonces descansaban tras subir las cosas de Ramiro a un camión para la mudanza del local, con destino a un nuevo futuro, que, por ahora, es incierto.
***
Actualización: esta crónica se escribió en junio de 2020, con motivo de un concurso de crónicas que organizó el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y del que resultó reconocido este texto, entre otras dos historias del autor. Posterior a esa fecha, hasta marzo de 2021, se emitieron algunas disposiciones para la sostenibilidad del servicio de agua potable en el Perú.
