8 de octubre de 2016

Hermanos, muchísimo por hacer: informe sobre las brechas en infraestructura en el Perú

"Hay, hermanos, muchísimo que hacer" se puede leer en «Los nueve monstruos», poema de César Vallejo, que en el caso del desarrollo de infraestructura en nuestro país encuentra una de sus más exactas ejemplificaciones. En este informe, publicado en la revista Business Empresarial, se evalúa el panorama del tema desde distintas perspectivas: su problemática, los sectores más urgentes, la situación en regiones, así como las soluciones propuestas por expertos y los beneficios que implica desarrollar infraestructura.

En su primer mensaje presidencial, ante el Congreso de la República, el 28 de julio de 2016, Pedro Pablo Kuczynski pronunció seis compromisos de Estado que implementará durante su gestión, entre los que está, textualmente: “construir la infraestructura para el desarrollo que con tanta urgencia necesitamos”.

Y es que, por ejemplo, según un estudio elaborado por la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) y la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico 
(UP), la brecha en infraestructura, para el periodo 2016-2025, alcanza los US$ 159,549 millones (ver imagen). 


Ricardo Manrique, presidente del Comité General de Obras de Infraestructura de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), indica que la brecha es fuerte “porque no es fija”. Explica que, si bien en los últimos años se avanzó en aspectos específicos, hay otros en los que no se lograron los objetivos o en los que, básicamente, hay “lentitud en definir el camino a tomar”.  

Uno de los autores del referido estudio, Julio Aguirre, manifiesta que la situación en infraestructura nos permite medir cómo está competitivamente el país. Por ello indica que, si se revisan las últimas estimaciones que calculó el World Economic Forum, no hay mayor variación en la posición del Perú en términos relativos con otros países. Coincide en que esa ralentización en competitividad estaría explicada, básicamente, por la lentitud “en que salgan los proyectos” y por demoras para destrabar ciertas adendas, por ejemplo.

Manrique añade que los intentos por atacar la brecha causaron, generalmente, problemas de eficiencia. “Es decir, lo haces rápido, pero en general no es tan bueno como cuando lo haces lento. Lo haces lento y la infraestructura está fuera de plazo”, explica.

Agrega que, en ese proceso, se siguen generando más necesidades porque la brecha se extiende desde que somos República, pero, a su parecer, quizá los últimos 5 años fueron “los más sordos en temas de conversación entre el sector privado y el público”, lo cual repercutió en las demoras en las concesiones que, por ejemplo, se ven a través de ProInversión.

SECTORES
Aguirre, quien además es docente e investigador de la Universidad del Pacífico, indica que los sectores donde la brecha es más marcada son los que dinamizan la economía: transportes, energía, telecomunicaciones.

Por ello, al citar cuáles deberían ser los proyectos a priorizarse señala que, en transportes (cuya brecha es mayor a los US$ 57 mil millones), según el estudio citado, en el que se hizo una aproximación de proyectos que deberían priorizarse entre 2016 y 2025 sobre información recopilada de ProInversión, ministerios y otras fuentes, están los metros de Lima, el Ferrocarril Nor Andino, el Ferrocarril Barranca-Lima-Ica, el Anillo Vial Periférico, la modernización de varios aeropuertos del país, así como terminales portuarios, entre otros.

En energía (cuya brecha calculada es de más de US$ 30 mil millones) se tienen identificados proyectos como el gaseoducto sur peruano, la ampliación de cobertura de electrificación rural, entre otros. En tanto, en telecomunicaciones (brecha superior a US$ 27 mil millones) resaltan proyectos en antenas de telefonía móvil, instalación de banda ancha en varias regiones, así como el sistema de atención de emergencias y urgencias para Lima Metropolitana y Callao.

Manrique refiere que, en general, en todos los rubros hay pendientes. “Hay proyectos que deberían destrabarse en el sentido de sentarse en una mesa las partes y encontrar una solución y no dejarnos envolver por formalismos o por burocracia”, indica. Añade, también, que se debe priorizar la infraestructura para los Panamericanos del 2019.

FACTOR AGUA
Además de “construir la infraestructura para el desarrollo”, el primer compromiso de Estado del presidente, en su mensaje ante el Congreso, dice: “llevar agua y desagüe a todos los peruanos”.

PPK: "Agua y desagüe a todos los peruanos". Foto: Perú.21
Para Manrique queda claro que, para este gobierno, la infraestructura en saneamiento es una meta programática. “Es un rubro bastante caro de ejecutar y poco amigable políticamente porque tienes que romper vías y para poner un caño en una casa tienes que hacer toda una infraestructura previa: sacar la captación, tratar el agua, ver a donde llevar el desagüe… hay toda una inversión, pero es algo que hay que atacar porque es fundamental”, indica. 

Según el estudio de AFIN y la UP, la brecha en el sector es de más de US$ 12 mil millones y entre los principales proyectos en cartera están las obras de cabecera y conducción para el abastecimiento de agua potable para Lima, además de varias por realizarse al interior.

REGIONES
A nivel regional, Julio Aguirre indica, en base al Índice de Competitividad Regional (Incore) en Infraestructura elaborado por el Instituto Peruano de Economía (IPE), que en los últimos años (2014, 2015 y 2016) al ser Lima, Arequipa y Tacna las regiones en los primeros tres lugares, invariablemente, es evidente el centralismo y el desarrollo de las regiones de la costa (ver cuadro).


¿Cuál es la explicación? Sostiene que hubo un descuido en el gobierno central en preocuparse por los responsables regionales en infraestructura, para que tengan las capacidades de gestionar proyectos de gran magnitud, que involucran de millones de dólares.

Para Manrique son tres problemas que suceden, generalmente, en las regiones y municipios: capacitación, contar con una cartera de proyectos por ejecutar y los recursos.

En el primer punto, explica que, habitualmente, sucede una curva de aprendizaje en regiones y municipios cuando hay elecciones, a diferencia del gobierno central o en ministerios, donde la base de funcionarios es casi estable. “Al interior se da a la inversa, entran el primer año y comienzan de cero el circuito de aprendizaje. El segundo año están conociendo, el tercer son funcionarios preparados y el cuarto logran empujar proyectos, pero los cortan y al año siguiente el ciclo empieza de nuevo”, refiere.

En el segundo caso, sostiene que lograr aterrizar un proyecto puede tomar entre 4 a 7 años. “Entonces, si entra un gobierno regional y no hay una cartera de proyectos en desarrollo es poco probable que ese gobierno termine de ejecutar lo que iniciaron”, explica. Tercero, todas las regiones y municipios tienen dos realidades en la actualidad: “O nunca tuvieron canon y no tienen recursos, desde siempre, o tuvieron canon y tenían mucha plata y ahora tienen menos porque no hay ninguna región, ni municipio que, a la asignación del 2016, haya recibido más canon del que tuvo, por ejemplo, el 2014”.

Por regiones, como muestra el Incore, las brechas en infraestructura son mayores conforme es más la distancia de la capital y de la costa. “Costa no es perfecta, pero está más desarrollada. Luego sigue la sierra, con falta de infraestructura en, por ejemplo, Andahuaylas, Apurímac, Ayacucho. Y de ahí tienes la selva, donde hay casi todo por hacer”, sostiene Manrique.

Explica que la selva ha estado relegada de los grandes proyectos por conectividad y costos, ya que, por ejemplo, hacer una carretera requiere 5 o 6 veces más recursos que si se hiciesen los mismos kilómetros en la costa, además de que se integra mayor población. 

Aguirre refiere se debe mirar con urgencia a ciudades de la sierra-sur y selva-norte que son las regiones más demandantes. “En la Amazonía, los proyectos de hidrovías son importantes porque hay un tema de multimodalidad: conectarte permite desarrollo de comercio. Tienes un corredor económico claro”, manifiesta.

SOLUCIONES
Según el mencionado estudio, denominado “Un Plan para salir de la pobreza: Plan Nacional de Infraestructura 2016 – 2025”, se estima que para cerrar la brecha, en ese periodo, se requerirán, aproximadamente, US$ 160 mil millones, lo cual implica una inversión promedio anual del 8.27% del PBI (US$ 15,955 millones anuales).

Se sabe que, como manifestó el primer ministro Fernando Zavala, al solicitar al Congreso el voto de confianza al Gabinete Ministerial, a mediados de agosto, el gobierno buscará cerrar la brecha de infraestructura en 50% en el próximo quinquenio, para lo cual se destrabará una cartera de proyectos ascendente a US$ 18,000 millones de dólares en el plazo de dos años e incrementará la inversión en infraestructura hasta en 6.2% del PBI.

Fernando Zavala ante el Congreso. Foto: La República.
Al respecto, Aguirre recuerda que, actualmente, se invierte en infraestructura alrededor de 4% a 5% del PBI, por lo que todavía falta un impulso mayor. Manrique, en tanto, recuerda que para cerrar la brecha se tiene que crecer no menos de 6% al año. Advierte que si se para la inversión en infraestructura, lo requerido no seguirá siendo 6% porque “lo que no se haga, se irá acumulando”.

El investigador de la UP apunta a soluciones como impulsar la inversión privada y pública, que, como refiere, en los últimos años tuvo saldos negativos. Además, recomienda que se creen ProInversiones en las regiones, lo cual vaya acompañado con dotación de know-how y entrenamiento a funcionarios para que sean capaces de evaluar y gestionar los proyectos. “Las funciones de los reguladores debe descentralizarse hacia las regiones. Ellos ya cuentan con lineamientos de regulación, tienen reglamentos técnicos para fijar tarifas, de marco de acceso. Ese tipo de lineamientos deberían ser también utilizados como referencia”, añade.

En ese sentido, sostiene que una de las grandes debilidades que tiene el país es que ningún gobierno tuvo un Plan Nacional de Infraestructura. “Lo que hay es una serie de planes sectoriales: tenemos el MTC que lanza su Plan Nacional de Ferrocarriles o MVCS de Viviendas, pero no pueden ser vistas como islas, tiene que ser un plan integrado e intersectorial”, refiere.

Señala que la fuente para atraer inversión son las: Obras por Impuestos, Asociaciones Público Privadas (APP) o iniciativas privadas. “Las APP son adecuadas porque ganas proyectos con una gestión eficiente y eso le permite al gobierno liberar recursos públicos que puedan ser destinados en otros sectores como educación o salud”, añade.

Manrique adiciona que han sido muy pocos los espacios donde se pueda trabajar técnicamente entre los gremios, la sociedad civil y el Estado. “No hay un Consejo Nacional de Infraestructura, ni un Plan Nacional de Infraestructura: faltan componentes para una planificación”, refiere.

A partir de ahí, completa que el nuevo gobierno tiene que establecer cómo pretende priorizar los recursos, qué hará y cuáles soluciones buscará. “El problema es que hoy tienes un gobierno económicamente más débil que hace 5 años. Entonces se requiere imaginación, cuidado, buscar más opciones y rapidez para tomar decisiones. Somos creyentes absolutos, y por eso existen los gremios, de que debe haber una comunicación fluida, constante y estructurada”, advierte. Refiere que lo pendiente, también, como gobierno central, es acompañar a las regiones y municipios para alinear las políticas nacionales, con las regionales y con las municipales. En ese sentido, previene que hoy, lo que tenemos al frente es una realidad: somos un país con futuro, pero sin tiempo.

Foto: Andina.
BENEFICIOS
Además del bienestar en la población, según el estudio de AFIN y la UP, se estima que el impacto al cerrar la brecha en infraestructura beneficiará, como efecto indirecto, a distintas actividades productivas como, por ejemplo, la agrícola.

También se indica que, mientras el costo de realizar las inversiones para cerrar la brecha estimada representa, en promedio, 8.27% del PBI anual, los beneficios totales estimados alcanzan 14.5% del PBI promedio anual durante el período 2016-2025, “con lo que el beneficio neto es claramente positivo (debido al multiplicador de la inversión) e incrementarían anualmente la Población Económicamente Activa (PEA) en 14.26%”. Se añade que la reducción estimada de la pobreza a nivel nacional sería de aproximadamente 6% anual.

Ricardo Manrique indica que está demostrado que cualquier sol invertido en infraestructura pública tiene un retorno de 1.44. “El efecto sobre la economía es mayor porque infraestructura mueve mano de obra, no calificada y calificada, y componentes importantes como: cemento, fierro, agregados, ladrillos, transporte… la consecuencia es mayor porque la construcción, a diferencia de la industria, tiene resultados cruzados con toda la economía”, refiere.

En perspectiva, señala que el problema de infraestructura es dinámico, ya que, en un periodo de años, el concepto de lo que debes incluir en infraestructura cambia y generalmente crece. “Por ejemplo, hace 15 años no se calculaba que dentro de las prioridades de infraestructura estén telecomunicaciones o redes dorsales, por Internet que ahora es un componente importante”, sostiene. Mañana aparecerá alguna otra necesidad generada por la tecnología y la infraestructura se tiene que adecuar a eso, concluye.

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Este informe se publicó en la edición Nº 31 de la revista Business Empresarial.

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